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Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por la señora Andrea Radilla Martínez . Declaración rendida por la señora Andrea Radilla Martínez ante fedatario público (affidávit) el 10 de junio de 2009 . Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folio 899 y expediente de anexos a la contestación a la demanda, anexo V.2, página 27). Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente de anejos a la demanda, anexo 3, folio 883 y expediente de anejos a la contestación a la demanda, anexo V.2, página 12).
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expediente de anejos a la contestación a la demanda, anexo V.2, página 3). Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 279). Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Particular para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, páginas 503 a 530). Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 640).
Ciertamente, por medio de esta predisposición, los Estados Partes en la CIDFP se comprometen a respetar el derecho a un juez competente para comprender de la causa penal en torno al delito de desaparición forzada, que es el juez común, ya que, como se ha dicho, el bien jurídico protegido trasciende los intereses militares (supra párr. 275). Consecuentemente, en el presente caso el recurso de amparo no fue efectivo para aceptar a la señora Tita Radilla Martínez impugnar el saber de la detención y posterior desaparición forzada de su padre, el señor Rosendo Radilla Pacheco, por la jurisdicción militar, lo cual forma una violación del artículo 25.1 de la Convención. En el presente caso, la sola posibilidad de que las resoluciones manadas de tribunales militares puedan ser “revisadas” por las autoridades federales no satisface el principio del juez natural, puesto que desde la primera instancia el juez ha de ser competente. En el presente caso, la Corte ahora señaló que los tribunales militares no son eficientes para comprender de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. l Estado señaló que las declaraciones de las señoras Angelina Reyes Hernández; Tomasa Ríos García, y Jovita Ayala Fierro, testigos ofrecidos por los representantes, no se ajustan al objeto definido por la Presidenta del Tribunal mediante la Resolución de 29 de mayo de 2009 (supra párr. 8).
- Consecuentemente, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos realizados por un individuo que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona ha de ser siempre juzgada por tribunales ordinarios.
- A las infracciones graves les corresponderá una sanción entre 6.001 y 60.000 euros.
- Serie C No. 4, párr.
66; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 40, párr. 47, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 40, párr. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención De america sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-diez/89 de 14 de julio de 1989. Serie A No. diez, párr. 44, y Caso Bueno Alves Vs. Argentina, supra nota 28, párr.
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CNDH/PDS/95/GRO/S00228.000, Caso del señor Radilla Pacheco Rosendo, Asociación Civil Guerrerense y Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, Informe Especial sobre las Protestas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 . Radilla Martínez, Andrea, Voces Acalladas , 2ª ed., México, Programa Editorial Nueva Visión 2007-Secretaría de la Mujer de Guerrero-Universidad Autónoma de Guerrero-UAFyL, 2008 (expediente de anexos a la demanda, anexo 8, folios 946, 952, 955, 956 y 965; expediente de anexos al escrito de peticiones y razonamientos, anexo B.12, páginas 41, 53, 58, 61 y 79).
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Serie C No. 121, párr. Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el instante de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirse a , siempre y cuando no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones concretas. Declaración rendida por la señora Tita Radilla Martínez a lo largo de la audiencia pública conmemorada frente a la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009. Declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública conmemorada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009. Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Particular para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anejos a la demanda, anexo 4, página 368). Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Particular para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anejos a la demanda, anexo 4, página 367). Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, páginas 333 y 342).
Seguidamente, el Tribunal valorará la aplicación de la jurisdicción militar en el presente caso. En el presente caso, para este Tribunal es clara la vinculación del padecimiento de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco con la violación del derecho a conocer la verdad (infra párrs. 180 y 313), lo que ilustra la dificultad de la desaparición obligada y de los múltiples efectos que causa.
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Consejo Económico y Social de las ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, Observación General al producto 4 de la Declaración sobre la Protección de Todas y cada una de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 15 de enero de 1996. (Y también/CN. 4/1996/38), párr. 55, y artículo 2 de la Convención En todo el mundo para la Protección de Todas y cada una de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Por ello, la Corte considera que la negativa del Estado a remitir ciertos documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas. En consecuencia, el Tribunal va a tener por establecidos los hechos presentados en este caso por la Comisión y complementados por los representantes, en el momento en que solo sea posible desvirtuarlos por medio de la prueba que el Estado debió remitir y éste se negó a hacerlo. Corresponde a la Corte y no a las partes saber el quantum necesario de prueba en cada caso concreto. Además, el Estado señaló que “os elementos probatorios presentados hasta el día de hoy por las partes en disputa resultan a todas luces suficientes para la resolución del caso”. Por consiguiente, solicitó al Tribunal “roced a la resolución del caso con los vastos elementos probatorios que se han presentado a lo largo de la tramitación del caso”.
En los programas arriba indicados, se deberá llevar a cabo especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es Parte. Los representantes solicitaron a este Tribunal que ordene al Estado la capacitación “ todo el que funcionario público que en el avance normal de sus labores, esté en contacto con familiares de víctimas de desapariciones forzadas […] para tratar con las consideraciones primordiales […]” a tales personas. ara el cumplimiento de lo ordenado, el Estado debe asegurar que las futuras consignaciones con relación a los hechos de esta situación, se realicen por el delito de desaparición forzada. En el presente caso, la Corte observa que el producto 215-A del Código Penal Federal no incluye dicho elemento, por lo que resulta incompleta la tipificación del delito.
El Estado, por su parte, reconoció su compromiso internacional por la violación de los derechos reconocidos en los productos 5 y 7 de la Convención De america, en perjuicio del señor Radilla Pacheco (supra párr. 52). Sobre esto, reconoció que el señor Radilla Pacheco había sido privado ilegal y arbitrariamente de la independencia por un funcionario público. El Estado asimismo señaló que es razonable alardear su muerte (supra párr. 53). Además, señaló que de conformidad con lo establecido por esta Corte en sus resoluciones, cuando se “legue la desaparición de la víctima no procede la condena por violaciones al derecho a la personalidad jurídica, ya que dicho derecho tiene un contenido jurídico propio”.
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