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Sentencia De 23 De Noviembre De 2009

04/01/2020

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Firmaron el escrito los señores Gisela de León, Luis Diego Obando, Viviana Krsticevic y Vanessa Coria. El Estado va a deber abonar las cantidades fijadas en los parágrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material y también inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según sea correcto, dentro del plazo de un año, contado desde la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo. de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de exactamente la misma, y publicar íntegramente este Fallo en el sitio oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, desde la notificación de este Fallo, en los términos de los parágrafos 349 a 350 del mismo. Aceptar el reconocimiento parcial de compromiso en todo el mundo realizado por el Estado, en los términos de los parágrafos 52 a 66 de la presente Sentencia. Rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los parágrafos 14 a 50 de la presente Sentencia. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y costos deberán ser entregadas a la gente indicadas en forma íntegra de conformidad con lo establecido en este Fallo, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

En el caso que nos ocupa, esto se tradujo en una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Rosendo Radilla Pacheco. Tomando en cuenta lo previo, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad y también integridad personal, y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, con relación a lo preparado en los productos I y XI de la CIDFP. El Tribunal estima bastante acreditado que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares del Ejército en un retén militar ubicado a la entrada de la Colonia Cuauhtémoc, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente trasladado al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez. Allí habría continuado detenido de manera furtiva por múltiples semanas, donde fue visto por última vez, con los ojos vendados y signos de maltrato físico. Pasados más de 35 años desde su detención, los familiares del señor Radilla Pacheco desconocen su paradero, pese a las gestiones llevadas a cabo. El Estado continúa negando el paradero de la víctima, en tanto hasta la fecha no ha dado una contestación esencial sobre su destino. La Comisión y los representantes adujeron distintas violaciones a la Convención Americana a consecuencia de la supuesta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco que, según lo correcto, sucedió en un contexto especial.

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  • Consecuentemente, el Tribunal escoge no admitir dicha declaración.

Si al cabo de diez años la indemnización no fué reclamada, las cantidades van a ser devueltas al Estado con los intereses devengados. […] responsabilidad con relación a las violaciones que determine .” Además, indicó que se ofrecería una disculpa a los familiares de la víctima.

Los representantes pidieron a la Corte que el Estado cumpla lo anterior, realizando las exhumaciones correspondientes en presencia de los familiares, sus peritos y representantes legales. El Estado, por su lado, informó que hizo ciertas diligencias para hallar el paradero de la víctima o el de sus restos mortales (supra párrs. 207 a 208). del paradero del señor Radilla Pacheco o, en su defecto, la distribución de sus restos mortales a los familiares. En el presente capítulo, el Tribunal examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la Comisión Interamericana y los representantes con el objeto de contar con las medidas tendientes a arreglar los daños causados a las víctimas. l derecho al juez natural, reconocido en el producto IX de esta Convención, es indispensable para la consecución de los fines propuestos en la misma. Esta potestad jurisdiccional comprende no solo el análisis de las normas sustantivas, o sea, aquellas que contienen los derechos protegidos, sino más bien también la verificación del cumplimiento de toda regla de trámite en la que esté envuelta la interpretación y aplicación del mismo.

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Declararon, entre otros aspectos, sobre la aducida desaparición obligada del señor Rosendo Radilla Pacheco; las gestiones para detectar su paradero, y la situación familiar con posterioridad a su supuesta desaparición. reiteró la propuesta de reparación integral presentada durante el trámite frente a la Comisión. En lo que se refiere a la publicación de la sentencia, en caso de ser ésta condenatoria, tal como la solicitud de realizar un reconocimiento público de compromiso, el Estado precisó que se sujetaba a eso que resolviera la Corte.

Con base en lo anterior, calcularon mediante dos listados generales que refieren costos cada un año, las distintas erogaciones en que habrían incurrido las dos organizaciones en el litigio del caso. En consecuencia, la Corte fija en equidad una compensación de US $1,300.00 (mil trescientos dólares americanos de los Estados Unidos de América), de acuerdo a lo indicado en este apartado (supra párrs. 161 a 172). Esta cantidad habrá de ser entregada en partes iguales a los beneficiarios en el presente caso (supra párr. 328).

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De forma particular, en este género de casos las autoridades encargadas de la investigación han de estar entrenadas para la utilización de la prueba circunstancial, los rastros y las presunciones, la valoración de los patrones sistemáticos que puedan ofrecer origen a los hechos que se investigan y la localización de personas desaparecidas de manera obligada (supra párrs. 206 y 222). En el presente caso, la Corte cree que no se demostró relación alguna concreta entre los hechos de desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y la presunta inefectividad del recurso de amparo a la independencia predeterminado en el producto 117 de la Ley de Amparo mexicana. El recurso de amparo de referencia no fue interpuesto por los familiares de la víctima. De esta forma, la Corte no advierte, ni los representantes lo sustentan exactamente, que en el caso sub judice esa supuesta falta de efectividad haya sido obstáculo real para la determinación del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco.

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Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 106, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr.

Los hechos que sostienen la demanda de la Comisión en el presente caso se refieren a la presunta detención y posterior desaparición obligada del señor Rosendo Radilla Pacheco ocurridas desde el 25 de agosto de 1974, es decir, desde antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. En este Acuerdo Presidencial también se apunta que “a búsqueda ineludible de la realidad supone, siempre, una revisión de los hechos pretéritos y en ese sentido, exist[ía] un amplio consenso popular de atender ee reclamo y sentar las condiciones para una reconciliación nacional como requisito fundamental para fortalecer instituciones, el Estado de derecho y la legitimidad democrática”. Acuerdo del Agente del Ministerio Público de la Federación, comisionado en la Fiscalía Especial, de 20 de septiembre de 2002 (expediente de anejos al escrito de peticiones y razonamientos, anexo D.5, folio 1751). La Corte observa que los representantes indicaron que el 28 de noviembre de 2000, Tita Radilla Martínez, entre otros, presentó una demanda penal frente a la Procuraduría General de la República, con relación a la desaparición forzada de su padre y de otra gente. Este escrito de denuncia consta en el expediente del Tribunal , aunque se encuentra fechado como de 29 de noviembre de 2000, sin firma y sello alguno de acuse. La Corte también mira que adicionalmente, el Estado apuntó que “n México, el trámite judicial penal inicia cuando la autoridad investigadora, en este caso el agente del ministerio público de la federación, tiene conocimiento sobre un hecho probablemente delictuoso, esto es, cuando tiene noticia criminis”. Además de esto, indicó que “o obstante que se reconocen las acciones del órgano jurisdiccional autónomo de derechos humanos en un caso así, de acuerdo a la legislación mexicana […] las quejas frente a la [Comisión Nacional no] conforman strictu sensu una forma reconocida de noticia criminis”.

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