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Serie C No. 170, párr. 171, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. nota 23, párr.
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Sentencia del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, de 6 de septiembre de 2005, expediente PRAL. 854/2005 (expediente de anejos al escrito de peticiones y argumentos, anexo F.3, folios 2036 a 2037). 854/2005 (expediente de anexos al escrito de peticiones y razonamientos, anexo F.3, folio 2033). Declaración rendida por el señor Federico Andreu-Guzmán ante fedatario público (affidávit) el 22 de junio de 2009 . Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Conflicto Competencial Penal 6/2005, de 27 de octubre de 2005 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y razonamientos, anexo G.6, folios 2128, 2129 y 2135). Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por la Licenciada Martha Patricia Valadez Sanabria , y escrito de peticiones y argumentos . Escrito de contestación a la demanda .
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 155; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Salvedades Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
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Serie C No. 74, párr. Constitución Política de los USA Mexicanos (expediente de anexos a la contestación a la demanda, anexo III.6, página 8). Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párrs.
- Sentencia del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, de 6 de septiembre de 2005, expediente PRAL.
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Del mismo modo, ya que los tribunales militares no son competentes, el Tribunal cree que no es necesario pronunciarse en relación a la supuesta falta de independencia e imparcialidad alegada por los representantes (supra párr. 267). gente del ministerio público militar en oposición a un auto a través de el que un juez militar aceptó la competencia para saber de los hechos (supra párr. 261). Dicho recurso de revocación desembocó en una resolución de un tribunal colegiado de circuito que resolvió en pos de la competencia de la jurisdicción militar (supra párr. 261).
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de la Primera Agencia de Métodos Penales Delegación Estatal Guerrero, de 4 de enero de 2001 (expediente de anejos al escrito de peticiones y argumentos, anexo D.6, folio 1775), y declaración rendida por la Licenciada Martha Patricia Valadez Sanabria ante fedatario público (affidávit) el 18 de junio de 2009 . Acuerdo de inicio de averiguación previa 268/CH3/2000, de 26 de octubre de 2000 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.6, folios 1776 a 1777), y declaración rendida por la Diplomada Martha Patricia Valadez Sanabria ante fedatario público (affidávit) el 18 de junio de 2009 . 181; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr.
Sin embargo, estuvo en contacto con el ambiente cultural que imperaba al amparo de las ideas y la figura liberal de Juárez. participación política de la red social; ix) la formación de conjuntos de apoyo mutuo con familiares de desaparecidos y acompañamiento psicosocial con personal de seguridad para los familiares, capacitados en las consecuencias de la crueldad política y el trauma psicosocial; y, x) la creación del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas por Fundamentos Políticos.
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Serie C No. 168, párr. Firmaron el archivo Luis Arriaga Valenzuela, Directivo, y Jorge Santiago Aguirre Espinosa y Stephanie Erin Brewer, abogados. En dicho escrito se indicó que la Fundación Diego Lucero, Familia Guzmán Cruz, Nacidos en la Tempestad y el Comité de Mamás de Desaparecidos de Chihuahua se adherían al mismo. No obstante, estas organizaciones no confirmaron ante la Corte su suscripción. Firmaron el escrito Sara Luz Enríquez Uscanga, Manuel Amador Velásquez, Mariana Castilla Calderas, Angélica Saucedo Quiñones, Claudia Competición Corona de la Peña, Yedana Reneé García Flores, Silvano Cantú Martínez, Roberto Josué Bermúdez Olivos, Laura Rebeca Martínez Moya, Paulina Gutiérrez Jiménez, Ana Paula Hernández Pontón, Mario Patrón Sánchez y Katherine Mendoza.
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Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. Compatibilidad de un Emprendimiento de ley con el producto 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003.