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, a lo que Tita Radilla le indicó que debía emitirse un acuerdo en el que se le fundara y motivara por qué había prescrito la acción. Estos hechos no fueron controvertidos por el Estado. se mencionan ahora han sido determinados con base en la prueba que existe en el expediente del Tribunal y en las afirmaciones de las partes que no fueron desvirtuadas o controvertidas (supra párr. 92). , reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, con relación a el producto 1.1 de la misma. rceles militares y centros de detención furtivos, durante periodos muy largos de tiempo y, varios de ellos están desaparecidos. “Dirección Federal de Seguridad”, integrados a la averiguación previa SIEDF/CGI/453/07, que detallan las actividades desarrolladas por el señor Radilla Pacheco. La Corte comprueba que en un archivo de fecha 26 de septiembre de 1965, de la Dirección Federal de Seguridad, se se refiere a la participación del señor Rosendo Radilla Pacheco en el presidio del “acto inaugural del CongresoCampesino Extraordinario de la Liga Revolucionaria del Sur ‘Emiliano Zapata’ y de la C.C.I.
, son las dos mejores aportaciones de su producción literaria. A esta convención podría observarse la falta de consistencia de agrupar las cuatro novelas para luego insistir en que lo más valioso solo es una parte, exaltarla y ponerla a la vera de la novela que antes se dejó fuera del grupo. La narración de México fué el tema de diversos escritores.
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Todo ello en menoscabo del derecho a saber la verdad de aquéllos. l]a razón de ser producto […] es la de proteger a las víctimas de desaparición obligada de sus agresores -que según la práctica sistemática en los países de América Latina- […] fué realizada por la parte de elementos del Ejército. De tal manera que imponer una reserva que deje el juzgamiento de militares que cometan el delito de desaparición obligada de personas por el fuero militar, es una reserva que habría de ser declarada nula […]”. Consecuentemente, tomando presente la jurisprudencia incesante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos realizados por un individuo que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre y en todo momento juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a ocasiones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. forma una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención De america, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que implican violaciones a derechos humanos, principalmente con lo que tiene relación al comienzo de tribunal competente. Consecuentemente, el Tribunal no se pronunciará al respecto.
Agente del Ministerio Público de la Federación. Se refirió, entre otras caracteristicas, al estado que guardan las indagaciones tendientes a hallar los restos mortales del señor Rosendo Radilla Pacheco. Presentes propuestos por los representantes.
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55; y, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 83, párr. 84; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 91, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. Declaración del señor Enrique Hernández Girón rendida frente a la Fiscalía Especial el diez de diciembre de 2003 (expediente de anejos al escrito de solicitudes y razonamientos, anexo D.29, folios 1947 a 1948). Declaración del señor Maximiliano Nava Martínez rendida frente a la Fiscalía Particular el 26 de septiembre de 2003 (expediente de anejos al escrito de peticiones y argumentos, anexo D.25, folios 1925 y 1926). Testimonio escrito a mano y firmado por el señor Maximiliano Nava Martínez, de 30 de septiembre de 1982 (expediente de anejos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.22, folios 1914 y 1915).
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El Estado va a deber, dentro del período de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para realizar exactamente la misma. El Estado deberá ofrecer atención psicológica y/o psiquiátrica gratis y inmediatamente, correcta y eficaz, mediante sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaras en el presente Fallo que de este modo lo soliciten, en los términos de los parágrafos 357 a 358 del mismo. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente Sentencia. El Estado va a deber adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares de todo el mundo en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Obligada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia. El Estado va a deber adoptar, en un período razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el producto 57 del Código de Justicia Militar con los estándares de todo el mundo en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los parágrafos 337 a 342 de la presente Sentencia. as señoras Tita y Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, en los términos de los parágrafos 160 a 172 de la presente Sentencia.
Comisión asimismo ha señalado que ello “a causado que un número poco a poco más creciente de personas, primordialmente familiares de víctimas de delito, manifiesten su inconformidad hacia la institución del Ministerio Público que […] no dió una respuesta exitosa a sus solicitudes de que se les realice efectivo su derecho de ingreso a la justicia […]”. Declaración rendida por la Licenciada Martha Patricia Valadez Sanabria frente fedatario público (affidávit) el 18 de junio de 2009 ; sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Conflicto Competencial Penal 6/2005, de 27 de octubre de 2005 (expediente de anexos al escrito de peticiones y razonamientos, anexo G.6, folios 2094 a 2095). 1752); sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Enfrentamiento Competencial Penal 6/2005, de 27 de octubre de 2005 (expediente de anexos al escrito de peticiones y argumentos, anexo G.6, folios 2094 a 2095), y declaración rendida por la Licenciada Martha Patricia Valadez Sanabria ante fedatario público (affidávit) el 18 de junio de 2009 . Los hechos constitutivos de la desaparición obligada no van a poder considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. Toda persona está en su derecho a ser oída, con las debidas garantías y en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e ecuánime, predeterminado de antemano por la ley, en la sustanciación de algún acusación penal formulada contra , o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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70; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 74, y Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados, supra nota 43, párr. ; Caso De la Cruz Flores Vs. Perú.
Por otro lado, el Estado consideró “noportuno tomar en cuenta algún prueba que dem el perfil del señor Rosendo Radilla Pacheco”, ya que “ueda clara la presencia del señor Rosendo Radilla Pacheco, y no est en pugna la forma en que se conducía en su vida cotidiana como padre de familia, miembro de una sociedad o en su historia laboral”. Informe de Fondo No. 60/07 de 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 44). Informe de Admisibilidad No. 65/05 de 12 de octubre de 2005 (expediente de anejos a la demanda, apéndice 2, folio 56). Escrito remitido por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de enero de 2006 (expediente de anejos a la demanda, anexo 1.24, folio 431). Escrito remitido por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de enero de 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.24, folios 329 a 333).
- Serie C No. 192, párr.
- De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, la determinación efectuada por la Comisión en su demanda sobre quiénes han de ser considerados familiares de la presunta víctima desaparecida debe corresponder con lo decidido por aquélla en el Informe de Fondo.
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