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La Corte valora de forma positiva los esfuerzos realizados por México para adecuar su legislación interna a sus obligaciones de todo el mundo. Si bien el tipo penal en la actualidad en vigor deja la penalización de ciertas conductas que constituyen desaparición obligada de personas, no obstante, del mismo no se desprende una adecuación que realice de forma plena efectiva la normativa internacional vigente sobre la materia. En tal sentido, la Corte Interamericana cree que el Estado no ha cumplido plenamente las obligaciones que le impone el producto 2 de la Convención Americana, en relación con los productos I y III de la CIDFP, para asegurar adecuadamente la investigación y eventual sanción de los hechos constitutivos de desaparición obligada en el presente caso.
El Penal De Topo Chico Quinta Y Última Parte
Serie C No. 120, párr. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr.
Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 51, y Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr.
- De dichas conductas han resultado damnificados bienes jurídicos así como la vida, la integridad personal, la libertad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Rosendo Radilla Pacheco.
- Por su lado, el Estado cuestionó la competencia de la Corte para pronunciarse sobre la reserva formulada (supra párr. 33).
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El Estado va a deber realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad con relación a los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 351 a 354 de la presente Sentencia. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho de adentro establecido en el producto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 315 a 324 de la presente Sentencia. Por su parte, por el mismo criterio, el Tribunal fija en equidad la compensación de US $40,000.00 (cuarenta mil dólares americanos de los USA de América) a favor de los señores Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez, cada uno, por este criterio. En la presente Sentencia la Corte estableció que el producto 215 A del Código Penal Federal, que sanciona el delito de desaparición obligada de personas, no se adecua plena y ciertamente a la normativa en todo el mundo vigente sobre la materia (supra párr. 324). Por tal motivo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean primordiales para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con particular atención a lo dispuesto en el artículo II de la CIDFP, de conformidad con los criterios ya establecidos en los párrafos 320 a 324 del presente Fallo. Esta obligación vincula a todos y cada uno de los poderes y órganos estatales en su conjunto. Del mismo modo, el Estado no debe limitarse a “impulsar” el emprendimiento de ley correspondiente, sino asegurar su rápida sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los métodos establecidos en el ordenamiento jurídico de adentro para ello.
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Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 108, y Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. , el Estado indicó que “tampoco se ajusta al caso sub judice, ya que su mandato se dirige a vigilar la independencia de los magistrados y abogados”.
Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra nota 51, párrs. 96 y 97; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 24, párrs. 188 y 189, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr.
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Los representantes pidieron que con el objetivo de recordar la vida y proyectos que el señor Rosendo Radilla Pacheco efectuó en beneficio de la red social de Atoyac, se ordene al Estado la difusión del libro bibliográfico elaborado por Andrea Radilla Martínez sobre su padre. Además, que en su memoria, el Estado transmita un video realizado sobre el período de la “guerra sucia”, en espacios oficiales y en horario preferente. En su iniciativa de reparación, el Estado ofreció efectuar una semblanza de la vida del señor Radilla Pacheco, acompañada así sea de la reproducción de documentos oficiales relativos a este caso (reportes de admisibilidad, resoluciones, dictámenes) o con testimonios orales sobre su trayectoria compendiados in situ, para lo que el Estado contrataría un estudioso.
231, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ahora garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus métodos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos semejantes derechos y libertades. a 83, párr. 103; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 126, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. Sentencia de 27 de febrero de 2002.