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61; Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 54; Caso Baldeón García Vs. Perú.
En la situacion que nos ocupa, esto se tradujo en una violación del derecho de la señora Tita Radilla Martínez a formar parte plenamente en la investigación. Por su lado, el Estado reconoció que hay demora en las indagaciones desde la presentación de la primera demanda penal, esto es, desde el 27 de marzo de 1992, puesto que no pudo determinar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco. Sin embargo, apuntó que “l caso sub judice es complejo desde su origen […]”, por el tiempo transcurrido desde el instante en que sucedieron los hechos, por lo que solicitó al Tribunal tomar esto en consideración “ara determinar la razonabilidad del período para su resolución”.
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En casos como el presente en los que la víctima lleva 35 años desaparecida, es razonable suponer que la calidad requerida para el sujeto activo puede cambiar con el transcurso del tiempo. Del mismo modo, de aceptarse lo aducido por el Estado se favorecería la impunidad.
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, sabiendo las responsabilidades que le atañen de proteger los derechos humanos, podrá decidir que siga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes. El Tribunal considera que el desglose y demás documentos de prueba remitidos por los representantes no permiten la determinación de la relación con el presente caso de algunos de los costos de hospedaje, transporte, servicio telefónico y de mensajería señalados. Gracias a la carencia de precisión probatoria, la Corte valorará en igualdad un monto por concepto de costas y costos que integre razonablemente estos conceptos presumiblemente incurridos en el litigio del presente caso en los fueros interno e interamericano por los familiares del señor Rosendo Radilla o por las organizaciones que les representan. De tal modo, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se acomoden a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. 272 a 277). , seguir con su búsqueda eficaz y localización inmediata, o desusrestos fatales, ya sea mediante la investigación penal o a través de otro procedimiento adecuado y efectivo. Las diligencias que realice el Estado para entablar el paradero del señor Radilla Pacheco o, en su caso, las exhumaciones para localizar sus restos mortales, deberán realizarse en acuerdo con y en presencia de los familiares del señor Rosendo Radilla, peritos y representantes legales.
114; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 87, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. nota 145, párr.
- El Estado no se refirió de forma concreta a esta medida de reparación.
154 y 158, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 78, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr.
al reconocimiento parcial de responsabilidad en todo el mundo realizado por el Estado (supra párrs. 52, 53 y 62). No obstante, se resalta que la no determinación de violaciones en superjuicio por esta instancia en todo el mundo no obstruye ni precluye la oportunidad de que el Estado, de buena fe, adopte medidas reparatorias en su favor (infra párr. 328). nal analice el fondo del tema. La Corte valorará la declaración del señor Federico Andreu conjuntamente con el acervo probatorio y conforme a las reglas de la sana crítica.
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59, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 185; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 70, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 112, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 56, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr.
En este sentido, adujo que al instante en que tuvieron lugar los hechos de esta situación “o existía obligación internacional alguna sobre la que Corte tenga rivalidad para comprender”. Según con el régimen sancionador contenido en los artículos 11 a 22 del Decreto citado anteriormente, se considerará falta grave el incumplimiento de la prohibición de las prácticas peligrosas para la vida, la salud y la integridad física contenidas en el parágrafo anterior. A las infracciones graves les corresponderá una sanción entre 6.001 y 60.000 euros.